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La asistencia telefónica de emergencias a través del 112: de servicio público esencial a negocio en el que todo vale

18/01/2018 | FeSMC-UGT | Murcia

Se cumplen 20 años de la creación del Servicio Público de Atención de llamadas de urgencia, a través del número telefónico 112 en la Región de Murcia. Un Servicio que, aunque nació designando a la CARM como única prestataria del mismo, inmediatamente siguió la estela de externalización salvaje de servicios públicos por la que tan habitual y cómodamente transita el Gobierno de nuestra Región.

Y las consecuencias de esta externalización indebida se han recrudecido desde que, el pasado 1 de diciembre de 2016, la empresa Ferrovial Servicios resultara adjudicataria del citado servicio con una oferta que, desde el inicio, se encontraba incluso por debajo de los costes de personal vigentes. Para todos, -incluida la Administración Regional- resultaba evidente que la “rentabilidad” del servicio se pretendía detraer del número de efectivos de la plantilla, de sus condiciones de trabajo y, en general, de los recursos destinados al mismo.

Los trabajadores y trabajadoras iniciaron entonces unas movilizaciones que finalizaron con el inicio de un proceso de negociación con la empresa, alentado por la propia Administración, que no prestó mayor interés en involucrarse en el conflicto, a pesar de tener pleno conocimiento de que determinados recortes, como la sustitución de unos trabajadores por otros sin experiencia y “más baratos”, suponían el incumplimiento flagrante del pliego que rige la prestación del servicio.

Lamentablemente, dicho proceso negociador ha sido infructuoso, puesto que la empresa sigue manteniendo su intención de efectuar los recortes de plantilla, salarios y condiciones de trabajo que sean necesarios para rentabilizar lo que para ella no es un servicio público esencial, sino un simple negocio.

UGT considera que si es censurable que una empresa privada actúe de la forma en que lo está haciendo Ferrovial Servicios, más aún es que lo haga con el consentimiento y connivencia de una Administración pública que viene obligada a velar por el riguroso cumplimiento de la legalidad, el respeto a los derechos de los trabajadores y la calidad de un servicio público tan sensible como éste para la seguridad de los ciudadanos.

Por todo ello, desde UGT iniciaremos las movilizaciones que sean necesarias para evitar que sean los ciudadanos y los trabajadores, que llevan 20 años prestando un servicio con suma profesionalidad y dedicación, los que paguen las consecuencias de la desidia, el desinterés y el puro interés economicista con el que se está gestionando este importante Servicio público.

 

 La asistencia telefónica de emergencias a través del 112: de servicio público esencial a negocio en el que todo vale

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