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El abogado general del TSJE pide un sistema de registro de la jornada laboral en las empresas

31/01/2019 | FeSMC-UGT | Financiero, Seguros y Oficinas

“El Abogado General Giovanni Pitruzzella propone al Tribunal de Justicia que declare que la Carta y la Directiva 2003/88 imponen a las empresas la obligación de implantar un sistema de cómputo de la jornada laboral efectiva de los trabajadores a tiempo completo que no se hayan comprometido de forma expresa, individual o colectivamente, a realizar horas extraordinarias”.

Los sindicatos celebramos la posición del Abogado General (lo que en España conocemos como el papel de la fiscalía en una causa), respecto a la demanda que desde UGT y  otros sindicatos venimos planteando y denunciando desde hace muchos años: la necesidad de obligar a las empresas a establecer un sistema de registro de las horas ordinarias realizadas por los trabajadores y trabajadoras. 

Un registro de Jornada, no es para controlar a los trabajadores, como torticeramente algunos ya quieren indicar. Se trata de que el trabajador, sus representantes legales y la Administración, a través de la Inspección de Trabajo, pueda tener a su disposición un Registro del número de horas productivas que realiza y reclamar la compensación del exceso si lo hubiere. 

El dictamen del Abogado General es muy importante, pues ante el Tribunal de Justicia Europeo tiene mucha relevancia y se tiene muy presente en sus sentencias. 

Como bien argumenta el Abogado General, “si bien los Estados miembros son libres de elegir la forma y el modo de aplicación de la Directiva 2003/88, en cualquier caso están vinculados por una obligación de resultado precisa e incondicionada en cuanto a la aplicación de las normas que recoge la Directiva 2003/88.” El problema es que el legislador en nuestro país ha dejado un vacío en el Artº 34 del Estatuto de los Trabajadores, pues si bien en el 35.5 del mismo texto legal si se obliga a registrar las horas extraordinarias, en el 34 no se dice nada respecto a las ordinarias. 

Las consecuencias de este vacío legal, ya las hemos enunciado muchas veces, son también sociales, no solo para los trabajadores afectos. Se pierden en torno a 1.000 millones de euros cada año en las arcas de la Seguridad Social; se realizan 150 millones de horas productivas que no se pagan a los trabajadores ni se cotizan, de ellas 14 millones en el sector financiero. Se podrían generar miles de puestos de trabajo si esos 150 millones de horas se convirtiesen en empleo. 

Además de las consecuencias económicas, también hay consecuencias sociales; dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral y el derecho a la desconexión del que aún no disfrutamos en España. 

Esperamos que el legislador o el ejecutivo sean ágiles en su trabajo y no sea una sentencia la que al final imponga el cambio legislativo.

El abogado general del TSJE pide un sistema de registro de la jornada laboral en las empresas

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Redacción Sindical FSO-11
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